Viernes 08 de Marzo de 2024 – 13:30
Por Max Morales V
Mexicoaldia.com.mx
Poder, Política es Igual a Corrupción.
¿El ya saben quién tiene otros datos, sus cifras son felices y sonrientes, asegura que México tendrá seguridad social como en Dinamarca?
El total de mujeres trabajadoras en todo el país ascendía a unos 24,7 millones, mientras los hombres eran alrededor de 36,2 millones. Cabe destacar que el papel de la mujer en el mercado laboral mexicano resulta significativamente bajo, si se tiene en cuenta que aproximadamente el 51,1% de los mexicanos son mujeres
Mujeres en Mexico que pertenecen al grupo de adultos mayores de 65 años y más son las únicas que han sido impactadas positivamente por las transferencias monetarias del gobierno. Pese al incremento de los programas sociales en los últimos años, el impacto positivo es menor para las mujeres, todavía 4 de cada 10 viven en algún grado de pobreza.
En México, 6 de cada 10 mujeres enfrentan algún grado de pobreza, lo que significa que no tienen ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas y que enfrentan también dificultades para acceder a derechos como la vivienda, la educación o la salud.
Si se considera a las mujeres que no han caído por debajo de la línea de pobreza, pero están vulnerables a hacerlo, la proporción sube a 8 de cada 10, de acuerdo con cifras del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública).
En la actualización del Sistema Nacional de Indicadores de Género 2016-2022 se observa que, aunque en términos de reducción de pobreza total sí se han logrado avances, en el desglose por género, los retos todavía son grandes.
Dependencia de transferencias; apoyos que impactan de manera diferenciada.
Los resultados de este sistema de indicadores mostraron que las mujeres —especialmente las más pobres— son significativamente dependientes de los apoyos directos del gobierno, de las remesas y otras transferencias de familiares. Esto contrasta con la realidad de los hombres, cuyo ingreso principal viene del trabajo.
Esto implica una importante vulnerabilidad importante y un obstáculo para que las mujeres logran independencia económica.
Otro de los cambios registrados es la universalidad de los apoyos públicos; el documento resalta que hasta 2018 las transferencias eran 2.5 veces mayores entre mujeres en contextos de pobreza y para 2022 no se encontraron diferencias entre las beneficiarias dentro de la pobreza y fuera de ella.
De hecho, si se exluye a la población de adultas mayores, se observa que los niveles de transferencias directas declaradas del gobierno se redujeron en 12.8 puntos porcentuales para el grupo de mujeres pobres.
Avances sólo en la población adulta mayor.
En línea con el programa de pensiones universales para los adultos de 65 años y más, que tiene cobertura a nivel federal, entre las mujeres de este grupo etario sí se han logrado avances en el bienestar socioeconómico.
El Coneval resaltó que este programa sí logró una amplia cobertura en la población objetivo: las más pobres. Cerca del 75% de las mujeres pobres en pobreza reciben este apoyo.
Si se compara con 2018 se observa que la cobertura de los apoyos a adultos mayores incrementó en 4.7 millones de beneficiarios en 2022.
Aunque el documento evalúa el presupuesto público del 2022, se observa que hasta el 2024 la tendencia de protección a este grupo de la población se ha mantenido. Poco más de la mitad los recursos etiquetados para la igualdad entre mujeres y hombres— se concentra en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, un programa que no se enfoca particularmente en las mujeres.
El Coneval, en sus recomendaciones para la política pública, señala que se deberá de poner especial atención en la población objetivo, la cobertura y el impacto de las transferencias directas.
Entre 2018 y 2022 se observa que las disminuciones en los porcentajes de transferencias monetarias han sido mayores entre los pobres y las mujeres; mientras que el alza en la cobertura de estos programas se ha concentrado en población que no es pobre y hombres.
Por ello se señala la necesidad de integrar perspectiva de género en la implementación de todas las políticas públicas, y en este caso las políticas de desarrollo social. Para que el impacto de los programas y asistencias lleguen a la población más vulnerable.
Las políticas públicas no son neutras, esconden segos directos o indirectos de género. Y, no sólo pueden, sino deben contribuir a la reducción de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.
