09 de Febrero de 2024
Es fundamental que el Estado mexicano adopte medidas que no solo mejoren el acceso y monto de las pensiones de los trabajadores, sino que también minimicen su impacto en el presupuesto y aseguren la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Después de que el pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso mexicano un paquete de 20 iniciativas de reformas legales y constitucionales en distintas materias, entre ellas, dos de iniciativas relacionadas con el funcionamiento del sistema de pensiones, distintos institutos y organizaciones han reaccionado al respecto.
De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), señala que en caso de aprobarse dichas reformas en los términos en los que se presentan, se tendrían implicaciones fiscales, económicas y un impacto para las generaciones futuras que no se mencionan en la justificación.
Las políticas propuestas para incrementar las pensiones de los trabajadores mexicanos, así como garantizar una pensión no contributiva a todas las personas de 65 años o más, tienen implicaciones fiscales, económicas e intergeneracionales que no se mencionan en la exposición de motivos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal y que es importante identificar”, señala el IMCO en su informe.
Implicaciones fiscales
El IMCO señala que, aunque el ejecutivo no estima el costo fiscal asociado a estas iniciativas, ni su evolución a mediano o largo plazo, la aprobación de estas reformas implicaría que el Estado mexicano asuma un pasivo contingente que se incrementará al ritmo de crecimiento de la población de adultos mayores en el país. De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), se espera que en los próximos 26 años la población de personas de 65 años y más se duplique, aumentando de 11.2 millones en 2024 a 26.8 millones en 2050.
Ante esta omisión por parte del Ejecutivo, el IMCO estimó que el costo para el erario de otorgar una pensión no contributiva a todas las personas mayores de 65 años en 2050 ascenderá a 2.08 billones de pesos: monto 138.5% mayor, en términos reales, al costo estimado para 2025 (417.4 mmdp).
En lo cuanto al Fondo de Pensiones para el Bienestar estará financiado mediante ingresos no recurrentes, generados una única vez por el Estado (por ejemplo, los recursos provenientes de la eliminación de órganos autónomos o la extinción de fideicomisos del Poder Judicial). Esto representa una limitante, ya que, de no recibir recursos constantes y estables, el Fondo sería incapaz de cubrir los nuevos compromisos a largo plazo que adquirirá el Estado en materia de pensiones.
Implicaciones económicas
Asimismo, explican que en caso de aprobarse las iniciativas en los términos en los que se presentan, el pasivo contingente vinculado al pago de pensiones que asumiría el Estado mexicano se presentaría en un momento en el que estas ya constituyen una parte significativa y creciente del gasto del sector público federal.
Solo en 2024 se asignaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) un total de 1.96 billones de pesos para el pago de pensiones, de los cuales 1.50 billones de pesos corresponden a pensiones contributivas y 465.0 mmdp al PBPAM.
“Desde esta perspectiva, un aumento significativo en el gasto en este rubro por parte del gobierno federal tendría consecuencias negativas al reducir aún más el limitado espacio fiscal disponible para financiar políticas públicas en áreas como educación, salud, seguridad e inversión pública, entre otras. Esto podría incidir de manera adversa en la competitividad y el crecimiento económico de México, afectando el bienestar de distintos sectores de la población”.
Implicaciones intergeneracionales
Que el Estado mexicano financie un gasto creciente en pensiones con los recursos que pagan los contribuyentes tendrá consecuencias diferenciadas para distintos grupos de edad de la población. Según las proyecciones del Conapo, en 2050 la razón de dependencia por vejez en México será de 25.7 por ciento.
“Frente a esta dinámica poblacional, un aumento en el gasto en pensiones tendría implicaciones de inequidad intergeneracional al favorecer de manera desproporcionada a las personas adultas mayores, a expensas de otros grupos de edad que verían reducido el gasto destinado a áreas fundamentales como educación, salud y seguridad. Por otro lado, un aumento de impuestos para financiar dicho incremento en el gasto afectaría a un número cada vez menor de personas en edad laboral”.
Propuesta
El IMCO considera que es fundamental que el Estado mexicano adopte medidas que no solo mejoren el acceso y monto de las pensiones de los trabajadores, sino que también minimicen su impacto en el presupuesto y aseguren la sostenibilidad de las finanzas públicas. Todo esto bajo criterios de progresividad y con una perspectiva de género. Por ello proponen:
1. Focalizar el programa de Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.Se recomienda acotar los beneficios de este programa únicamente a aquellas personas adultas mayores que acrediten la necesidad de este apoyo. Esta medida dotaría de progresividad al programa al beneficiar más a la población de menores ingresos al tiempo que reduciría su costo para la hacienda pública.
2. Impulsar una reforma fiscal que asegure la sostenibilidad del gasto en pensiones. Es fundamental implementar una estrategia fiscal que genere ingresos regulares que permitan financiar un mayor gasto en pensiones sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo.
“Las iniciativas de reforma constitucional en materia de pensiones merecen una evaluación meticulosa y basada en evidencia por parte de los miembros de ambas cámaras del Congreso y de las legislaturas estatales, la cual deberá centrarse en sus implicaciones fiscales, económicas e intergeneracionales
