Evento de vacunación contra el COVID-19 organizado por la Asociación de Profesionales Latinos por América en Boston, el 18 de marzo de 2021. (Para The Washington Post)
17 agosto 2021
La redacción.
Katie Buitrago es directora senior de investigación y analítica de Heartland Alliance, una organización internacional de derechos humanos.
Jessica es ecuatoriana, pero desde hace más de 18 años ha hecho de la ciudad de Chicago, en Illinois, Estados Unidos, su casa. Desde marzo de 2020, cuando se implementaron las medidas de cuarentena y distanciamiento social por COVID-19, ella y su esposo perdieron su trabajo. Ella trabajaba como niñera. La combinación de falta de un sueldo estable y carencia de papeles migratorios ocasionó que los pilares que habían construido para criar a una familia de dos adolescentes se empezaran a desvanecer.
“Durante casi tres o cuatro meses no hubo ingresos porque los dos tuvimos que dejar de trabajar. Teníamos ahorros y eso fue lo que realmente nos ayudó, porque ninguna otra ayuda vino de ningún lado. No había otra forma”, me dijo Jessica. Al igual que ella, 37% personas en el estado de Illinois que se identifican como latinas gastaron sus ahorros durante la pandemia, una tasa más alta que 27% de los habitantes de Illinois que también debieron hacerlo.
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En el informe El efecto dominó del COVID-19: Cómo la pandemia profundizó la opresión sistémica para los afroamericanos y latinos de Illinois de Heartland Alliance se muestra cómo ambas poblaciones han sido las más afectadas por la pandemia. Illinois representa una gran parte de la experiencia de vida de los latinos en Estados Unidos: una de cada cinco personas en el estado se identifican como latina.
Jessica es una de miles que cayeron bajo el efecto dominó de la pandemia y la recesión económica que esta trajo: la pérdida de trabajo, de ingresos, la necesidad de gastarse sus ahorros, vender sus posesiones. Cuando un soporte se cayó, otros se derrumbaron. Y la situación empeoró para los latinos indocumentados que no pudieron acceder a las ayudas del gobierno, como la asistencia por desempleo o los cheques de estímulo. La tasa de desempleo para las mujeres latinas en Illinois se cuadriplicó de 2019 a 2020, el mayor aumento de cualquier otro grupo racial y de género.
Jessica regresó a trabajar como niñera en junio de 2020. Ese mismo mes su esposo y su hija se infectaron con COVID-19, y ella se convirtió en la única fuente de ingresos de su familia. Qué debía hacer: ¿quedarse en casa, pasar la cuarentena y cuidar a su familia de manera segura, o salir a trabajar para pagar la renta? Jessica tomó la difícil decisión de ir a trabajar. Al igual que ella, un porcentaje desproporcionadamente alto de latinos en Illinois no tuvieron la opción del teletrabajo: solo 31% pudo hacerlo, en comparación con 38% de los habitantes de Illinois en general.
La limitación de las opciones de beneficios públicos disponibles para los trabajadores esenciales indocumentados, como Jessica, exacerba una crisis de salud pública y aumenta la probabilidad de que más personas se expongan a COVID-19. La historia de Jessica y las cifras planteadas en el informe muestran la necesidad de un enfoque específico para la recuperación de la pandemia que invierta en las comunidades más afectadas, incluida la comunidad latina.
El informe propone soluciones para una recuperación equitativa. Esto incluye garantizar que todos tengan acceso a atención médica de alta calidad, que sea culturalmente adecuada, equitativa y asequible, e independiente del estatus migratorio. Illinois, en mayo de este año, fue el primer estado del país en expandir Medicaid, el seguro de salud del Estado, a personas indocumentadas mayores de 55 años, proporcionando un modelo para ampliar la cobertura en otros estados.
El gobierno federal también debería asegurar que todas las personas trabajadoras tengan acceso a un trabajo de calidad y a los apoyos necesarios para mantener un empleo exitoso. Esto incluye la implementación de un programa nacional de empleo subsidiado que se centre en la equidad para que todos los posibles trabajadores tengan acceso al mercado laboral. Esto significa que las y los trabajadores ganen lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y tengan derecho a beneficios clave. Es decir, el gobierno debe aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares por hora y promulgar políticas inclusivas que garanticen que la totalidad tenga días de licencia familiar y médica pagada, horarios predecibles, flexibilidad y el derecho a organizarse.
Además, el gobierno federal debería encontrar más formas de llevar dinero en efectivo a los bolsillos de las personas, incluida la ampliación de créditos tributarios para cuidadoras y cuidadores no remunerados, las personas que presentan impuestos con un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN, por su sigla en inglés) y otros grupos actualmente excluidos. El gobierno debería asegurar que todos los que viven en este país puedan, al menos, llegar a fin de mes. Si la familia de Jessica hubiera tenido acceso a la asistencia en efectivo del gobierno, no habría tenido que decidir entre quedarse en casa para cuidar a su familia enferma o continuar trabajando para mantener a su familia alimentada.
La pandemia ha expuesto generaciones de desigualdad e injusticia a través de líneas raciales y étnicas en Estados Unidos. Al mirar hacia el futuro, no hay que dejarse llevar por la inercia de la vieja normalidad que perpetuaba las desigualdades para familias como la de Jessica. En cambio, hay que construir un futuro mejor y más equitativo que brinde a familias como la de ella acceso a una sólida red de apoyo para que no se pierdan en tiempos de crisis.
