Se convierten en testigos colaboradores de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para proceder contra el exmandatario en el sexenio pasado.
CIUDAD DE MÉXICO.- Cinco de los cómplices de los desvíos millonarios realizados durante el mandato del exgobernador de Chihuahua César Duarte han regresado 19 millones 200 mil pesos y se convirtieron en testigos colaboradores de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para proceder contra el exmandatario en el sexenio pasado.
Documentos señalan que, de acuerdo con las investigaciones de la FGJE, el exmandatario mantenía una supuesta nómina secreta, a través de la cual fueron desviados aproximadamente mil millones de pesos del erario de Chihuahua.
El dinero, según las pesquisas, fue entregado a más de 100 personas entre 2010 y 2016, periodo en el que Duarte fue gobernador; los fondos provenían de las cuentas bancarias destinadas al gasto operativo y pago de nómina de empleados estatales. Las autoridades detectaron que, de esas cuentas, mensualmente se emitían cheques de 5 a 20 millones de pesos que se depositaban en una empresa de traslado de valores que hacía llegar el dinero de forma líquida a las oficinas de la Tesorería estatal.
Este dinero era resguardado en efectivo en una bóveda y se entregaba a funcionarios, candidatos, dirigentes de distintos partidos políticos locales y nacionales, medios de comunicación, periodistas, líderes sindicales, parientes y amigos de Duarte. De las más de 100 personas identificadas como parte de la nómina secreta, cinco confesaron que recibieron ilegalmente recursos del estado y solicitaron un criterio de oportunidad para devolver el dinero y, en lugar de ser acusados, se convirtieron en testigos colaboradores del Ministerio Público (MP).
Se trata de Fernando Reyes Ramírez, exdiputado local por Movimiento Ciudadano (MC), quien regresó 2.4 millones de pesos; Armando Cabada, actual alcalde de Ciudad Juárez y quien a su vez es candidato a diputado federal plurinominal por Morena, también aceptó haber recibido dinero durante la administración de Duarte y regresó 4.3 millones de pesos.
Javier Contreras Orozco, exdiretor del periódico El Heraldo de Chihuahua, regresó 10 millones de pesos; Hortensia Aragón Castillo, exdiputada local y expresidenta estatal del PRD, devolvió 2 millones de pesos, y Teokali Hidalgo, expresidenta municipal del PRI en Chihuahua, quien regresó 500 mil pesos.
La FGJE ha señalado que el dinero se entregaba en sobres o paquetes en las oficinas de la Tesorería estatal o en el estacionamiento subterráneo de la misma, y sus destinatarios firmaban recibos de puño y letra para amparar la entrega del dinero. Hasta ahora la Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene registrados 470 recibos firmados por 34 personas entre 2014 y 2015 por un monto de 172 millones 633 mil pesos en total.
Al menos 14 exfuncionarios participaron en la entrega y recepción de 45 millones de ese total de más de 172 millones. Por las irregularidades cometidas durante el mandato de Duarte ya fue sentenciado el extesorero del PRI estatal Pedro Mauli; hay órdenes de aprehensión contra Duarte y su hermano Sixto, y el exlíder nacional juvenil del PRI Cristopher James Barousse está vinculado a proceso y en prisión preventiva por recibir pagos mensuales por 2.6 millones de pesos a su nombre y al de su madre.
También, el gobierno de Chihuahua presentó una solicitud de procedencia ante la Cámara de Diputados en contra del senador Cruz Pérez Cuéllar y la fiscalía judicializó la carpeta de investigación contra los exdiputados locales Rodrigo de la Rosa, María Ávila, María Eugenia Campos y César Jáuregui Moreno. Duarte fue detenido en Estados Unidos el 8 de julio de 2020 y permanece a la espera de que una jueza del Distrito Sur de Florida, en Miami, EU, dicte sentencia en la que determinará si concede o no su extradición. El pasado 23 de enero se realizó la última audiencia en el juicio de extradición y la juez no emitió su resolución durante la diligencia, por lo que aclaró que dará a conocer su decisión por escrito a las partes.
Previamente a la diligencia, la defensa del exgobernador presentó un escrito ante la jueza, en el que señaló que, de ser extraditado a México, su vida correría peligro, pues afirmó que otros políticos acusados por la fiscalía de Chihuahua, y relacionados con las acusaciones en su contra, han muerto en prisión. Acusaron que los testigos utilizados por la FGJE para declarar contra César Duarte fueron coaccionados y que el gobierno mexicano no presentó evidencias suficientes de que el exmandatario desvió recursos públicos.
Estas argumentaciones serán analizadas por la jueza estadounidense, quien se encargará de decidir si el exgobernador debe o no ser entregado a México. De concederse su extradición, Duarte enfrenta 20 órdenes de aprehensión que la fiscalía tiene pendientes por cumplimentar en su contra, por delitos como peculado, desvío de recursos públicos y relacionados a fines electorales, entre otros. El pasado 10 de febrero el gobierno de Chihuahua informó que el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México negó la protección federal que Duarte solicitó para evitar ser extraditado, aunque su defensa puede impugnar la sentencia
