La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por el delito de peligro de contagio, ilícito previsto en el artículo 199-Bis del Código Penal Federal, con motivo de una denuncia presentada por el apoderado jurídico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en contra del derechohabiente Daniel L.R., recientemente cesado del cargo en la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO).
A través de su representación en Oaxaca, la institución federal informó que la denuncia presentada se desprende que el pasado 2 de abril, el derechohabiente acudió al Hospital Regional del ISSSTE “Presidente Juárez”, ubicado la ciudad de Oaxaca, mismo que fue valorado por personal de la Unidad Especial de Covid-19, por presentar fiebre, cefalea, tos productiva y disnea, motivo por el cual se decide internarlo como caso probable por coronavirus.
De acuerdo con el abogado del ISSSTE, durante su estadía “el usuario mostró un comportamiento agresivo y de prepotencia, por lo que a las 01:15 horas del 4 de abril, se retiró por voluntad propia -ya que es médico de profesión- dándose a la fuga del citado hospital”.
Un día después, Daniel L.R. regresó al hospital del ISSSTE, a las 02:30 horas, pero “siguió mostrando una actitud agresiva y de prepotencia”, por lo que se le dio su alta voluntaria a las 07:25 del pasado 5 de abril, según las testimoniales incluidas en la carpeta de investigación.
La versión del personal médico apunta que el derechohabiente se ostentó como titular de la Jurisdicción Sanitaria del Istmo y reclamó atención exclusiva, por lo que antes de retirarse voluntariamente “escupió y tosió deliberadamente a enfermeras, médicos y pacientes”.
“El paciente de Covid-19 quería canonjías, como tener su celular a la mano y una persona con él, sin aceptar el aislado hospitalario”, refiere uno de los testimonios.
Extraoficialmente trascendió que después de su alta voluntaria, el entonces funcionario consiguió aquel domingo ingresar al Hospital de Especialidades, ubicado en la zona metropolitana, habilitado para los pacientes diagnosticados con coronavirus, con lo que no está de acuerdo el personal médico afiliado a la Sección 96 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Salud (SNTSA).
El Ministerio Público Federal recabará todos los datos de prueba, para determinar lo procedente, con estricto apego a los Derechos Humanos y normatividad aplicable.
Causales
El artículo 199 bis del Código Penal Federal contempla una sanción de tres días a tres años de prisión en contra de una persona que “a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible”.
