octubre 02, 2019
El Exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, gobernó bajo capricho, al no respetar a las instituciones que regulan las compras públicas.
El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares protegió a la empresa Comtelsat, evitó hacer efectiva la fianza de vicios ocultos y cancelar el contrato que se firmó en diciembre de 2017 para la instalación del sistema de videovigilancia.
En el caso de los ex funcionarios vinculados con la contratación de los servicios, evadió iniciar un procedimiento sancionador por la asignación directa del contrato a la empresa que fue inhabilitada por incumplir un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Desde el año 2017 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó algunas irregularidades administrativas al auditar el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas para la contratación de la empresa, pero la Contraloría General, a cargo de Ramón Figuerola Piñera, evadió atener los procedimientos legales, que obligaban a rescindir el contrato y sancionar a los responsables de la contratación.
En el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2018, que incluye una auditoría de legalidad, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), emitió cinco observaciones que dan seguimiento a la petición de la autoridad federal, y de las cuales sólo solventó una de manera parcialmente.
Como resultado de la revisión, el Orfis recomendó al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, a través de la SSP, hacer efectiva la pena convencional o fianza de vicios por el incumplimiento del contrato que se firmó en diciembre de 2017 con la empresa Comtelsat, que obligó a triplicar el costo del sistema, por el que se erogaron mil 116 millones de pesos.
A la Contraloría General le recomendó hacer efectiva la penalización, que corresponde a 500 mil pesos diarios, por incumplir el contrato respecto a la fecha límite para la instalación del sistema.
En la observación Número LP-097/2018/001 se determinó que el procedimiento de contratación para la Adquisición, Suministro e Instalación y Puesta en Operación de Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión CCTV, para un Sistema Estatal de Videovigilancia en el Estado de Veracruz, llevado a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, fue al margen de la ley, por no haber licitado la contratación del servicio, al asignarlo directamente a la empresa Comtelsat.
Al responder el pliego de observaciones los ex funcionarios argumentaron que la contratación de Comtelsat se dio por ser una empresa transnacional con 24 años de experiencia, “además de contar con certificaciones y reconocimientos y contar en su acervo de clientes a empresas de la talla de Televisa, TV Azteca, Fox Sports, Discovery Channel, ESPN, entre muchos otros”.
En el caso de la observación LP-097/2018/004, en la que se exige imponer una pena convencional a Comtelsat por incumplir con el contrato, el gobierno de Yunes Linares inició el proceso, pero se dejo la responsabilidad a la actual administración de cumplir con el cobro.
“Corresponde entonces, a la actual administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, el seguimiento y proceder a hacer efectiva la aplicación de la Pena Convencional, contenida en la Cláusula Décima Sexta, del Contrato número SSP-UA-111/17, celebrado con la empresa denominada COMTELSAT, S.A. de C.V”, fue la respuesta de Jaime Téllez Marié, ex secretario de Seguridad Pública, al pliego de observaciones del Orfis.
Los resultados de la auditoría.
La empresa Comtelsat SA., de CV., logró la instalación de las 6 mil 476 cámaras proyectadas, sin embargo, no son funcionales, pues no reúnen los estándares estipulados en el contrato para garantizar la identificación de una persona o un automóvil durante la comisión de un delito, lo que representa un fraude a los veracruzanos.
De acuerdo con el peritaje que entregó Venancio de Jesús Báez Flores, perito especializado que fue contratado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), ninguno de los equipos instalados, tanto de videocámaras como de radio comunicación cumplen con la función para la que fueron instalados. Por lo que la empresa estaría obligada a renovarlas al 100 por ciento.
El fracaso del programa, que se presumió como el principal proyecto de la pasada administración, radica en que los radio enlaces, mil 581 colocados, no están instalados y configurados adecuadamente, por lo que el sistema no puede operar.
El martes 4 de junio el auditor general, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable, por el presunto daño patrimonial a las arcas públicas por más de mil millones de pesos.
También entregó un informe especial a la Comisión de Vigilancia del Congreso local, sobre el trabajo de revisión que llevó seis meses en la planeación y ejecución, y por el que se podría fincar alguna responsabilidad penal a ex funcionarios yunistas. Como parte del resultado de la Cuenta Pública 2018, se difundió el resultado de la auditoría practicada.
El 27 de diciembre se publicó en la Gaceta oficial 518 el acuerdo del Congreso local por el que se exhortó al Titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) a realizar una revisión exhaustiva de los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras del Sistema Estatal de Videovigilancia, proyecto que llevó medio año.
Como parte de la instrucción del Legislativo se examinó el suministro del equipamiento del C5 y el equipo instalado en los municipios de Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos.
De diciembre del 2017 al 04 de abril del 2018, se acordaron dos adecuaciones al contrato SSP-UA-111/17 con la empresa Comtelsat, que permitieron a la empresa pasar de una ganancia de 700 millones de pesos a mil 116 millones de pesos, que incluyen 95 millones 339 mil 27 pesos para la electrificación de 6 mil 476 cámaras y mil 581 postes.
Los acuerdos adicionales también le dieron posibilidad a la empresa de ampliar el proceso de instalación de las cámaras y el equipo necesario para su operación, la vigencia pasó del 5 de julio, primer plazo, al 16 de agosto de 2018. Las obras se inauguraron el 30 de noviembre, último día de la administración de Yunes Linares.
Las fallas del sistema
La empresa Comtelsat instaló mil 581 cámaras tipo PTZ marca Samsung, modelo SNPL6233RH, con un lente 23X, pese a que las especificaciones del contrato obligaban a un modelo con lente 30X.
Otras 4 mil 743 cámaras marca Samsung modelo XN0-6020R no operan con los parámetros de calidad de video establecidos en el anexo del contrato SSP-UA-111/17.
También colocaron 152 cámaras tipo bala, para identificar placas vehiculares, pero ninguna cumple con la función.
Comtelsat tenia que instalar mil 581 postes, en los que se colocarían al menos cuatro cámaras y aditamentos adicionales, con una altura de 20 metros, sólo 30 por ciento reunió los requisitos, el 70 por ciento restante tiene una medida que va desde los 15 y hasta los 25 metros, hecho que también se observó en la auditoría.
Se tenían que habilitar mil 581 gabinetes con protección contra polvo y agua, a fin de evitar riesgos para el equipo de grabación, 200 de esos no reúnen con la norma. Ningún equipo cuenta con protección para rayos.
Además, tenían que contar con un sistema de ventilación, pues su rango de temperatura no debe superar los 40 grados, pero se incumplió con esa obligación. Hay zonas del estado donde el calor es mayor, lo que pone en riesgo los aparatos.
Cada poste debía contar con un “radio enlace•”, equipo capaz de transmitir la grabación de las videocámaras al C4 y C5, pero no hay uniformidad en las marcas, modelos y antenas de los radios para el proyecto. Lo que se instaló tiene una capacidad menor a la requerida y no contaba con el proyector de descargas.
La empresa “compró” licencias de administración de video y soportes, pero la auditoría no encontró los registros. “Las radios de enlaces no están adecuadamente instaladas y configuradas, a ellos se debe el fracaso del sistema de videovigilancia” establece el informe al referirse a la instalación, alineación y configuración del radio enlace, es decir, el medio para nutrir de información a los centros de control, comando y comunicaciones de la SSP.
Cómo se distribuyeron las cámaras.
La secretaría de Seguridad Pública determinó instalar 95 nodos (postes con cuatro cámaras, gabinetes donde se encueta la electrificación, radio enlace y acometida eléctrica, así como para rayos, en los municipios de Pánuco, Moralillo, Tempoal, Tantoyuca, Pueblo Viejo y Naranjos Amatlán, se ubicaron 380 equipos de grabación.
Otros 278 nodos se ubicaron en los municipios de Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla, Papantla, Gutiérrez Zamora, Álamo y Tuxpan. Se colocaron mil 112 equipos de grabación.
Además, se instalaron 307 postes con aditamentos en Xalapa, Coatepec, Tlalnehuayocan, Emiliano Zapata, Xico, Jilotepec, Rafael Lucio, Las Vigas, Perote y Banderilla. En la región se colocaron mil 228 cámaras.
Para Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Medellín, Jamapa, la Antigua, y Tlalixcoyan se ubicaron 469 nodos. En total operan mil 876 cámaras.
Otros 169 postes se dispusieron para la región de Cuitláhuac, Yanga, Omealca, Córdoba, Amatlán, Fortín, Ixtaczoquitlán, Nogales, Camerino Z. Mendoza, Rio Blanco, Orizaba, Cuichapa, Huiloapan y Rafael Delgado. Suman 676 equipos de videograbación.
Finalmente, en la zona sur se ubicaron 263 postes en Agua Dulce, las Choapas, Nanchital, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Oteapan, Chinameca, Jáltipan, Soconusco, Oluta, Acayucan y Sayula de Alemán. En total son mil 52 equipos de grabación.
La asignación del contrato
El 6 de diciembre de 2017 la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sometió al Subcomité de Adquisiciones de la dependencia estatal el dictamen por el que se adjudicó de manera directa el proyecto para la instalación de 6 mil 476 cámaras de videovigilancia.
Un día después (07 de diciembre del 2017) se firmó el contrato SSP-UA-111/17 entre la empresa Comtelsat, SA de CV, representada por Gabriela Montaño Guzmán, que se dedicaba a proveer soluciones de alta tecnología y especialización de mercados de Broadcast & Telecom, es decir, la emisión de programas en las últimas dos décadas.
Para enero de 2018 se dio la primera adecuación del contrato, en la que se obligó al cambio de algunos equipos iniciales. Se buscaba mejorar el sistema de videovigilancia de Yunes Linares. Ese acuerdo fue validado por Juan Carlos Saldaña Morán, Jefe de la Unidad Administrativa de la SSP y Montaño Guzmán, representante de la firma.
Tres meses después -4 de abril 2018- se hizo un segundo cambio, que obligó a modificar el monto del pago por los servicios prestados y se determinó que el proyecto se daría en dos etapas con un pago total de mil 116 millones de pesos.
En un primer momento se pagarían 453 millones de pesos, y el segundo pago obligaría a liberar 567 millones 77 mil pesos desde la Secretaría de Finanzas y Planeación, pero ese monto no se cubrió en su totalidad.
Así se financió el fallido Sistema de Videovigilancia.
Para poder pagar los mil 44 millones de los mil 116 proyectados para el Sistema de Vigilancia, la Secretaría de Seguridad Pública y de Finanzas y Planeación usaron recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (104 mdp), del Fondo de Bienes Recuperados (349 mdp), del Programa Cámaras de Vigilancia para el Estado de Veracruz (271 mdp), y recursos fiscales 2018 (319 mdp).
El gobierno de Yunes Linares quedó a deber 72 millones de pesos a la empresa Comtelsat, los tenía que pagar la administración de Cuitláhuac García, pero no los liberó.
Las adiciones del contrato permitieron a la empresa generar mayores ganancias y ampliaron el proceso de instalación que se obligó a consolidar antes del 1° de diciembre, fecha en la que se dio el cambio de administración estatal.
La auditoría que se terminó el 31 de mayo determinó que el proyecto no cumplía con los objetivos para los que fue creado y por lo que se contrató a la empresa Comtelsat, SA de CV, que fue inhabilitada por la función pública.
