Siguen saliendo las tranzas del “gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares”, sus ex colaboradores lo acusan de los delitos financieros cometidos, a varios Yunistas les espera la cárcel.
Xalapa Ver.- En el acta de entrega-recepción de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), el ex tesorero Adrián Viccon Ramos dejó en claro que sólo respondería por el área a su cargo y no por las decisiones del ex titular, Guillermo Moreno Chazzarini.
En el documento firmado el pasado 1° de diciembre de 2018, justo el día en que inició funciones la actual administración estatal, el ex titular de la Sefiplan designó a su entonces tesorero Adrián Viccon para celebrar la entrega de la dependencia, mientras que el nuevo secretario, José Luis Lima Franco, instruyó a la actual tesorera, María Esther Reyes Franco, para celebrar la recepción.
Todas las documentales como el arqueo de caja, el flujo de efectivo, los estados de cuenta y los saldos que se entregaron, el ex tesorero hizo hincapié en separar su responsabilidad de lo que pudiera haber hecho o celebrado su ex jefe Guillermo Moreno Chazzarini.
Resaltó que por instrucciones de éste, durante la tarde del 30 de noviembre de 2018 se hicieron transferencias a los municipios, correspondientes a las participaciones federales del mes de diciembre, aunque dichos recursos llegaron días después.
El ex tesorero indicó que al momento de firmar la entrega-recepción no había podido cobrar la parte de su aguinaldo, correspondiente a los 11 meses laborados durante 2018.
Además el ex tesorero yunista le hizo saber a su jefe a través de un oficio, “que en el ejercicio de mi encargo no incurrí en actos u omisiones que conforme a la ley, afectaran los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho, o causare suspensión o deficiencia en el servicio encomendado, y que con motivo de la conclusión de mi encargo he iniciado el proceso formal de entrega de los recursos humanos, financieros, materiales, técnicos y demás asuntos de mi cargo”.
El ex funcionario dejó en claro en el acta levantada de la entrega-recepción su disposición a responder por cualquier solicitud de información o irregularidad que le notifiquen en el plazo de los siguientes 30 días hábiles, aunque igualmente la nueva administración le hizo saber que no lo eximiría de cualquier responsabilidad que pudiera surgir en el futuro.
