Al participar en el foro “Hacia una política de regulación de la cannabis”, que se lleva a cabo en el Senado de la República
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que en México urge una reforma en la manera de abordar el uso y consumo de drogas.
Al participar en el foro “Hacia una política de regulación de la cannabis”, que se lleva a cabo en el Senado de la República, afirmó que la política prohibicionista adoptada en los últimos años, sin duda ha incrementado la violencia en el país.
“Ha traído la criminalización de un sector de la población por llevar a cabo sus actividades relacionadas al uso de drogas, incluidas aquellas de bajo impacto, como es el caso del cannabis. Sobre todo esta estrategia ha fallado en proteger la salud, la seguridad y el respeto a los derechos humanos”, dijo la funcionaria.
En el salón de sesiones de la Comisión Permanente, también reconoció que hay muchas iniciativas que se han presentado para la regulación para el uso terapéutico, medicinal, de investigación y lúdico de esta sustancia; sin embargo, apuntó que la legislación mexicana deberá contemplar no sólo reformas a la Ley General de Salud y el Código Penal, sino ampliar la perspectiva al ámbito internacional.
Detalló que la iniciativa que presentó tiene lo que no hay en otras legislaciones que han regularizado la cannabis en otros países, como Canadá, Uruguay y Holanda, ya que ésta establece la perspectiva de género y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Las políticas prohibicionistas, precisó, no han inhibido el problema, pues se ha registrado un incremento en la actividad de las organizaciones criminales derivada del aumento internacional y nacional de cannabis y de otras drogas.
Expuso que todos los días en la reunión de seguridad con el presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de las 6:00 horas, se da cuenta del tema del mercado ilícito que se enfrenta día a día en el país con relación a la cannabis.
Sánchez Cordero recalcó que la iniciativa que presentó tiene dos ejes fundamentales, que es de justicia social, es decir, las poblaciones que fueron criminalizadas por producir o comercializar cannabis están previstas en esta ley.
“Tiene un enfoque de justicia social, están autorizadas para su producción las sociedades cooperativas, principalmente, de campesinos que tradicionalmente han sido criminalizados por la producción de la droga”, enfatizó.
Agregó que esta iniciativa contiene un capítulo de derechos humanos, el cual es muy importante porque es el centro del proyecto, y está, por ejemplo, la perspectiva de género también, pues planteó que no es lo mismo que una mujer tenga posibilidad de adquirir la droga para su consumo personal, y siempre habrá diferencia con los hombres.
“Siempre habrá una diferencia y una estigmatización en cuestiones de género, lo mismo las campesinas, denominada en la jerga del narcotráfico como mulas que transportaban en su mochilas la droga. Ahí hay un tema de discriminación por razón de género y de ser indígenas”, apuntó.
De manera adicional, se tienen en esta iniciativa derechos fundamentales como el pluriculturalismo, pues México en sus orígenes y su cultura ancestral tiene mucho de estas sustancias psicotrópicas, como puede ser el peyote o la misma marihuana originaria del país.
Sin embargo, agregó que también le faltan algunos temas, como reforzar la prevención; el aspecto de la comercialización, en el sentido de quién y cómo se va a llevar a cabo, y si se privatiza con penas privatorias de la libertad la venta a menores de edad.
Finamente, Sánchez Cordero reconoció que en esta iniciativa no está establecido que el mercado ilegal y no autorizado de cannabis tendría que ser penalizado para criminalizar a quienes estén fuera de este marco regulatorio.
