A fin de solucionar los laudos laborales que llevan años, mediante conciliaciones, pagos, liquidaciones o reinstalaciones, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez propuso la creación de la Comisión Intersecretarial para la prevención y atención de pasivos laborales de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, instancia que además habrá de investigar y sancionar a los servidores o ex servidores públicos que permitieron el pasivo al gobierno estatal.
Dicha comisión será un órgano colegiado de consulta, asesoría y apoyo técnico para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, que se coordinará para la prevención y atención de pasivos laborales.
También para analizar el estado que guardan los juicios y pasivos laborales, y en caso de ser necesario requerir la documentación original y/o adicional que resulte necesaria; solicitar la comparecencia de los servidores públicos responsables de la atención de los juicios y pasivos laborales para efectos de mayor información y evaluar los expedientes formados con motivo de juicios laborales que se encuentran sub judice, para conocer el correcto cumplimiento de formalidades de la autoridad al efectuar las rescisiones y, en su caso, deducir las responsabilidades de los servidores públicos involucrados.
De igual forma habrá de determinar las mejores condiciones entre las partes para reinstalar, liquidar o pagar prestaciones justas, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, en el orden y limitantes de la situación financiera ante la emisión de laudos no favorables para el Estado.
Con las acciones que se definan en esta comisión, se prevé evitar afectaciones a la Hacienda Pública del Estado mediante la unificación de criterios y procedimientos en materia laboral.
Además fortalecer la prevención y solución de juicios laborales mediante mecanismos alternativos de solución de controversias; prevenir juicios laborales, mediante acciones de conciliación; celebrar convenios de colaboración con organismos públicos y privados; proponer las modificaciones administrativas necesarias para la pronta atención de los conflictos laborales; ya sea por la vía jurisdiccional o conciliatoria, y revisar las plazas otorgadas.
