La Unión de Libertades Civiles de EEUU de inmediato presentó una demanda para frenar la nueva “veda” de Trump
Cerrar la frontera sur y negar asilo a inmigrantes centroamericanos es la estrategia de Trump.
WASHINGTON— El presidente Donald Trump firmó este viernes una medida que, a partir de mañana sábado, impone una “veda” de acceso al asilo para inmigrantes indocumentados que no entren por puntos oficiales en la frontera sur, pero ésta fue impugnada de inmediato en los tribunales.
Trump firmó la proclamación, que complementa un reglamento interino divulgado ayer por los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional y exige que los inmigrantes indocumentados se presenten por puestos de entrada establecidos en la frontera sur.
“Acabo de firmar la proclamación sobre asilo, muy importante. La gente puede entrar, pero debe hacerlo a través de los puertos de entrada. Eso es algo importante para mí”, precisó Trump, antes de emprender un viaje a Francia para conmemorar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial.
La medida de inmediata fue impugnada mediante una demanda presentada por la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU).
La proclamación señala que muchos inmigrantes entraron ilegalmente en México, “algunos con violencia”, y “han rechazado oportunidades de solicitar asilo y beneficios” en ese país, y permitir su entrada en EEUU “contribuirá a una sobrecarga de nuestro sistema de inmigración y asilo y la entrada de miles de extranjeros al interior” de este país.
En el documento, Trump explicó que el propósito de la “suspensión” es “canalizar a estos extranjeros a puertos de entrada para que, si entran en EEUU, lo hagan de forma ordenada y controlada, en vez de ilegalmente”.
Pero la mayoría de los miembros de una anterior caravana de migrantes en abril pasado entró por puntos establecidos en la frontera, y afrontaron grandes demoras antes de ser procesados. Muchos siguen esperando la resolución de sus casos.
El mandatario repitió su queja de que los demócratas en el Congreso no le dan los votos para aprobar leyes que detengan la “inundación” de inmigrantes en la frontera, y que incluyan la rápida construcción de su prometido muro fronterizo.
Trump defendió la militarización de la frontera, e insistió en que los extranjeros tienen que entrar por la vía legal en EEUU, a través de un sistema en base a “méritos” que les permita trabajar en “grandes compañías”.
Asimismo, repitió que firmará “pronto” una medida para eliminar el derecho constitucional a la ciudadanía automática por nacimiento para hijos nacidos en EEUU de padres indocumentados, aunque reconoció que tanto ese asunto como el futuro de DACA llegarán al Tribunal Supremo.
De hecho, la máxima corte ya reafirmó el derecho a la ciudadanía por nacimiento consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución en un dictamen de 1898, y es poco probable que haya votos para reformar la magna carta.
Con esta proclamación, Trump cumplió una promesa que hizo, de cara a los comicios del pasado 6 de noviembre, para impedir el paso a la “invasión” de inmigrantes centroamericanos, la mayoría de los cuales huyen de la violencia y busca asilo en EEUU.
La medida entra en vigor mañana
Durante una conferencia telefónica con periodistas, autoridades de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, que pidieron el anonimato, dijeron hoy que la medida de Trump entrará en vigor mañana.
La medida altera una ley federal de 1965 que permite a toda persona solicitar asilo, sin importar su estatus migratorio o por dónde entraba en la frontera sur. De mañana en adelante, toda persona que entre por puntos no oficiales en la frontera no será elegible para solicitar asilo por un período de 90 días.
Quienes violen las nuevas restricciones “no serán elegibles para asilo”, dijo uno de los funcionarios.
No obstante, las restricciones no aplicarán para quienes hayan entrado antes de la proclamación; para residentes legales; para quienes entren por los puntos de entrada; para individuos que presenten “miedo razonable” bajo las normas de la Convención contra la Tortura, o niños no acompañados indocumentados.
Al cabo de 90 días, DHS y DOJ deben someter recomendaciones sobre si extender o no la suspensión.
La Administración se ha quejado de un atasco de 700,000 casos en los tribunales de Inmigración, pero no ha dicho si aumentará el personal y los demás recursos para procesar a los solicitantes de asilo.
La semana pasada, Trump había dicho que su acción ejecutiva incluiría la instalación de “ciudades carpa” para detener a los inmigrantes mientras se resuelven sus casos, pero eso tampoco fue incluido en la medida.
Demanda contra medida.
La Administración insistió en que Trump tiene la “autoridad ejecutiva, dentro del “Acta de Inmigración y Naturalización” (INA) de 1965, para imponer restricciones de asilo en ciertos casos para proteger los intereses de EEUU.
Una cláusula de esa ley dicta que EEUU puede excluir a extranjeros que han cometido graves violaciones a los derechos humanos, o que representen una amenaza para la seguridad nacional.
Ese argumento fue utilizado para imponer la llamada “veda musulmana”, y es el mismo al que ahora recurre la Administración para castigar a solicitantes de asilo que no entren por puntos oficiales en la frontera.
Sin embargo, la medida de Trump de inmediato provocó una demanda en un tribunal del norte de California por parte de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), que la calificó como “ilegal”.
“La nueva veda al asilo es llanamente ilegal y puede conducir a que muchas personas sean devueltas al peligro”, advirtió Lee Gelernt, subdirector del Proyecto para Derechos de Inmigrantes de ACLU.
“Ni el presidente ni el fiscal general pueden invalidar las leyes de inmigración adoptadas por el Congreso”, explicó Gelernt.
La medida también generó fuertes críticas de líderes demócratas del Congreso, incluyendo el grupo de legisladores hispanos, y de numerosos grupos defensores de la comunidad inmigrante, incluyendo CHIRLA, el Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC), el Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU), y el Foro Nacional de Inmigración, entre otros.
El reglamento interino contra solicitantes de asilo es la última salva del ahora exfiscal general, Jeff Sessions, quien lo autorizó antes de ser despedido por Trump el miércoles pasado. Sessions es considerado el arquitecto de buena parte de las medidas contra los inmigrantes indocumentados desde que Trump llegó al poder en enero de 2017.
David Leopold, un abogado de Inmigración en Ohio, dijo a este diario que la ley de 1965 permite a cualquier persona solicitar asilo y que la Administración “ha confeccionado una regulación de dudosa legalidad que da una lectura demasiado amplia a la autoridad del presidente para limitar el ingreso” de extranjeros y las solicitudes de asilo.
La Administración Trump adoptó una “veda musulmana” en 2017 y ahora la expande para quienes buscan refugio de la horrenda violencia en sus países, y su “insaciable apetito para excluir a personas… no parece tener fin”, afirmó Leopold.
