Por Max Morales Valades
Poder, Política y Traición.
CDMX.- Tal como lo han previsto analistas financieros, México no se termina con la cancelación de la obra del aeropuerto de Texcoco, las malditas suposiciones y especulaciones han originado, que este tema se ha politizado desde la toma de decisión de hacer una consulta pública, para cancelar la obra en su totalidad, anoche 19 de noviembre 2018 en un programa de televisión abierta tercer grado, un comentarista trato de denostar el trabajo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el periodista incito a defender a los grupos financieros que perdieron los contratos ya pactados por el gobierno de Peña Nieto.
AMLO se defendió y dijo lo que ocurre es que el pueblo estaba acostumbrado a ver robar a los del poder y nadie decía nada, eso cambiara en mi gobierno no habrá corrupción, no fraudes electorales, y las consultas ciudadanas seguirán tal como la siguiente, sobre la construcción de la ruta maya que el tren surcara de del pacifico al golfo de Mexico.
El grupo Aeroportuario (GACM), paraestatal responsable del proyecto en Texcoco, en su último reporte tenía vigentes 132 contratos con valor de 144 mil 966 millones de pesos.
El más importante es el contrato para la terminal, que ganó en 2017 un consorcio integrado por Cicsa, que encabeza Antonio Gómez; Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir; GIA, de Hipólito Gerard; FCC, de Carlos Slim; ICA, que lidera Guadalupe Phillips; Acciona Infraestructuras, de Sergio Ramírez Lomelí, y La Peninsular, de Carlos Hank Rhon, por 84 mil 828 millones de pesos.
La figura legal que se tendría que aplicar es la terminación anticipada de los 142 contratos, que no pueden subsistir ni trasladarse al proyecto de Santa Lucía, tal y como se reconoció en la reunión de este martes del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con la mayoría de las empresas.
“GACM reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido conforme a lo establecido en el artículo 152 (…), siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la prestación de las obras”, dice la cláusula.
Está cláusula aclara que el GACM no incurre en responsabilidad por cancelar la obra, es decir, no están previstas penalizaciones para el Gobierno.
Las controversias para finiquitar pueden darse en dos frentes: que las empresas pidan gastos no recuperables que le parezcan excesivos a GACM, o desacuerdos sobre lo que se les debe por obras ya ejecutadas, pues el Grupo Aeroportuario podría alegar saldos a favor o pretender aplicar penalizaciones.
Los gastos no recuperables que prevé el Reglamento incluyen liquidación de trabajadores, compras de materiales y equipos, costos de transporte, y construcción de campamentos, oficinas, bodegas e instalaciones en el sitio, que pasarán a propiedad federal.
Para dar una idea, la empresa China Railway inicialmente reclamó a México 11 mil 624 millones de pesos tras la cancelación del tren de alta velocidad México-Querétaro, del que no ejecutó obra alguna.
Cada finiquito podría ser motivo de desacuerdo entre las partes y litigios judiciales, como sucedió con la Línea 12 del Metro, en la que constructoras y Gobierno reclamaban saldos a favor.
No está clara la causa de terminación anticipada que se aplicará, pero los contratos prevén las siguientes:
Que concurran razones de interés general; que se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al País; que las obras sean suspendidas por tiempo indefinido, o que los contratos sean anulados por resolución judicial.
Si bien la gran mayoría de las constructoras ofreció este martes a AMLO que no litigarán contra la terminación anticipada, algunas sí podrían hacerlo, alegando que no se acredita causal prevista en los contratos.
