Papantla Ver.- Mexicoaldia.com.mx. Luego de un par de horas de diálogo entre representantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) y habitantes de las comunidades del llano de Papantla, acordaron la liberación parcial de la carretera, con el compromiso de que la dependencia mantendrá personal destacamentado para inhibir la presencia de los grupos criminales y evitar más actos de extorsión y secuestros.
El enviado fue Gerardo Guzmán, director de operaciones de la SSP, acompañado de decenas de policías con equipo antimotines, a bordo de 25 patrullas. El despliegue de esta fuerza había encendido las alertas entre los habitantes de Insurgentes Socialistas, ante el temor de que fueran replegados por la fuerza.
El temor de ser agredidos se expandió rápidamente en las comunidades, reciente estaba el recuerdo del violento desalojo realizado el 9 de octubre de 2017 a un grupo de personas que mantenían bloqueado el paso sobre la carretera Coyutla-Espinal. Pedían servicios de salud y recibieron golpes por parte del Estado.
Con el riesgo de un estallido de violencia a cuestas, los habitantes de las comunidades aledañas se unieron al movimiento, respaldado la solicitud de la presencia de efectivos de la Armada de México.
Como en 2017, los habitantes de esta región apartada del Totonacapan decidieron organizarse para reclamar la atención del gobierno, cansados de la situación de inseguridad que obligó a diversas familias a abandonar su lugar de origen.
“El alcalde de Acateno (Puebla) se acercó a nosotros, desde el primer día, pero no para desalojarnos, sino para ver qué necesitábamos”, reclamó al enviado de la SSP uno de los hombres que, con el rostro cubierto, mantenía la vigilancia en la barricada. En contraste, su presidente municipal, Mariano Romero, nunca acudió atenderlos.
Una bandera tricolor es sostenida frente a la barricada por uno de los inconformes, el hombre del paliacate azul en el rostro cuenta como desde hace tres meses, los delincuentes se daban el lujo de entrar a las casas, amarrar a la familia y exigir el dinero que quisieran. Ante tal situación, las familias se sintieron desprotegidas y temerosas, vendieron su patrimonio y terminaron por salirse de la comunidad.
“Pero no podemos irnos todos, aquí tenemos nuestra fuente de ingreso, con lo que le damos de comer a nuestras familias. Lo que hicimos fue organizarnos de manera pacífica, con lo que tenemos, con nuestras herramientas de trabajo y cerramos los accesos de la comunidad”.
Piden certidumbre, seguridad de que sus hijos saldrán a la escuela y volverán con bien, que los esposos saldrán a trabajar la tierra y regresarán a sus casas, responsabilidades de un Estado que ha sido omiso con sus ciudadanos.
Sitiados por la fuerza antimotines de la SSP, y para evitar un conflicto mayor, los comuneros finalmente acordaron liberar parcialmente la carretera; sin embargo, permanecerán en el movimiento, participando de la seguridad de las familias.
A partir de la fecha, cuatro unidades patrulla y policías quedarán de forma permanente en la comunidad y vigilarán toda la zona, además les serán proporcionados equipos de radiocomunicación para permanecer enlazados y coordinarse en caso de alguna eventualidad.
