Ciudad de México, 7 de septiembre de 2018. Los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigaron durante un año la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa viajarán este mes a México para reunirse con el futuro subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo una fuente cercana a la organización del encuentro.
De acuerdo con la fuente consultada, el encuentro tiene el propósito de acordar la participación del GIEI en la nueva ruta que trazará el próximo gobierno mexicano para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes y hacer justicia, algo que no ha ocurrido a pesar de que el hecho ocurrió hace cuatro años.
Encinas ha dicho que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que iniciará el próximo 1 de diciembre, no partirá de cero en su propósito de resolver el emblemático caso, sino que retomará las líneas de investigación del GIEI, que estuvo un año en México indagando el paradero de los estudiantes y a sus presuntos agresores, en una labor a menudo obstaculizada por el gobierno.
Los cinco integrantes del GIEI –los abogados colombianos Ángela María Buitrago y Alejandro Valencia, la exfiscal guatemalteca Claudia Paz, el abogado chileno Francisco Cox y el médico y sicólogo español Carlos Martín Beristain— participarán el 26 de septiembre en un encuentro que tendrá López Obrador con familiares de los 43 normalistas desaparecidos.
El acto, en el cual se conmemorará el cuarto aniversario de ese hecho que conmocionó a México, se realizará en el Museo Memoria y Tolerancia, y estarán además representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue el organismo que convocó al GIEI para coadyuvar a las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Los integrantes del GIEI han hecho saber a Encinas que tienen “total voluntad” de ayudar en todo lo que puedan al gobierno de López Obrador para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa –ocurrida la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014– y determinar quiénes fueron los responsables, dijo la fuente consultada.
Señaló que el viaje de los expertos a México es para acordar con Encinas la manera en que participarán en el relanzamiento de la investigación que hará el próximo gobierno y conocer si se requerirá su presencia permanente, temporal o intermitente en ese país. Para ello, los expertos sostendrán una reunión de trabajo con Encinas tentativamente el 25 de este mes.
“La agenda aún se está definiendo”, señaló la fuente.
El GIEI participó como coadyuvante de las indagaciones del caso Ayotzinapa entre abril de 2015 y abril de 2016, periodo durante el cual rindió dos informes que desacreditaron la versión del gobierno mexicano sobre los hechos –la famosa “verdad histórica, que señala que los 43 estudiantes fueron incinerados por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos en el basurero de Cocula— y recomendaron seguir otras líneas de investigación.
Durante su estancia en México, los integrantes del GIEI enfrentaron varios obstáculos y bloqueos a su labor por parte de altas autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y de funcionarios de Los Pinos que fueron renuentes a seguir las recomendaciones de los cinco expertos.
El mandato del GIEI en México terminó el 30 de abril de 2016, luego de que el gobierno mexicano consideró que ya había estado “un tiempo suficiente” en el país y que no era necesario prolongar su estancia.
Entre los hallazgos del grupo figuraron varias irregularidades cometidas por la PGR durante la investigación, como torturas a los detenidos para obtener confesiones y una diligencia que hizo en el Río San Juan el 28 de octubre de 2014 el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, sin que fuera incluida en el expediente.
La semana anterior, el presidente Enrique Peña Nieto dijo estar convencido de que los 43 estudiantes normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.
El futuro subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, respondió al presidente que todas las evidencias científicas demuestran “que no fue así” y que, además, existe la presunción de que investigadores de la PGR “sembraron pruebas” en el basurero para sustentar la “verdad histórica” a la que se aferró el gobierno de Peña Nieto desde enero de 2015.
