Miguel Ángel Yunes Linares, el mandatario que dijo voy a limpiar a Veracruz de ratas y corruptos, se olvidó de su promesa de campaña, por ahí se le ve junto al contralor corrupto de Javier Duarte de Ochoa, “ o simplemente es cómplice?
Xalapa Ver. Mexicoaldia.com. mx Es normal en México los gobernadores roban porque se escudan bajo la protección del presidente de la república, “y dicen así, si el roba porque yo no”… La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desvió 272.4 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en 2016, a través de transferencias a cuentas irregulares y contratos a empresas fantasma, reveló la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
El 90 por ciento de los recursos destinados para el desarrollo, evaluación y certificación de policías, el equipamiento para operativos de seguridad y otras áreas primordiales en la SSP, a cargo entonces de Arturo Bermúdez Zurita, fueron transferidos a cuentas no oficiales de donde se desconoce su destino final.
La SSP entregó seis contratos para la compra de uniformes de policías, equipamiento de camionetas, compra de motocicletas, cursos de formación y certificación policial, bienes informáticos, y equipos para el reconocimiento de voz y toma de huellas dactilares, de los cuales no se pudo comprobar existencia física ni evidencia documental.
Además cuando los auditores acudieron a los domicilios de las empresas, resultaron ser inexistentes. La Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-A-30000-14-1670 1670-GB-GF, señala que 255.7 millones de pesos fueron transferidos a cuentas bancarias ajenas al fondo; 8.8 millones de pesos fueron invertidos en un obra que nunca entró en operación; 7.8 millones de pesos se pagó a empresas inexistentes, y 16.8 millones de pesos no se ejercieron.
El detalle de la auditoría da a conocer que la forma de desvío es similar a la de otros fondos; la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), entonces a cargo de Antonio Gómez Pelegrín, no entregó los recursos del FASP a las dependencias donde había recursos etiquetados: el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la propia SSP.
De los 298.7 millones de pesos totales del fondo, entregó 25.2 millones de pesos al TSJE; a la FGE solo entregó 690 mil pesos de los 72 millones presupuestados; 17 millones de pesos a la SSP de los 187 millones de pesos presupuestados, y cero pesos a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), de los 13 millones de pesos presupuestados.
Los contratos fantasmas
La auditoría detalla que en 2016, la SSP entregó tres contratos por dos millones de pesos de recursos del FAPS 2009, 2013 y 2014 para la compra de uniformes policiacos, equipamiento para once camionetas doble cabina y 17 motocicletas Harley Davison.
Sin embargo no existe documentación justificativa, ni evidencia de la recepción y existencia de los bienes y señala: “a través de una visita física al domicilio fiscal donde se contrató la adquisición de uniformes se observó que no existe”.
Además entregó los contratos por 2.9 millones de pesos dentro del programa de desarrollo, profesionalización, y certificación policial, en los cursos de capacitación técnicas de función policial para 884 elementos policiales activos y formación inicial equivalente para 466 elementos, pero no se encontró evidencia física ni documental de la realización de los cursos, la empresa a quien se adjudicó el contrato es inexistente.
SSP también adjudicó otros dos contratos por 2.2 millones de pesos para la adquisición de equipos para el reconocimiento de voz y toma de huellas dactilares, bienes materiales de oficina, kits de material didáctico, materiales y útiles informáticos, de los cuales no hay documentación comprobatoria ni justificativa del gasto: “Se carece de documentos, que acrediten la adquisición, y recepción de los materiales, tampoco hay evidencia de los cursos que se realizaron. Se visitó a las empresa y no existen”, señala la auditoría.
Derivado de estas anomalías, la ASF determinó 23 observaciones, de las cuales 15 ya fueron solventadas, las ocho restantes derivaron en dos recomendaciones y seis pliegos de observaciones.
Se construyó pero nunca operó Centro Judicial en San Andrés
La auditoría comprobó que se invirtieron 8.8 millones de pesos del FASP 2016 en la obra denominada “Rehabilitación, reacondicionamiento y construcción de salas de juicios orales y juzgados en la Ciudad Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz”, pero nunca entró en funcionamiento.
En una visita física se comprobó que la obra está concluida pero no opera, debido a que no cuenta con el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, no funciona el equipo de hidroneumático por la falta de energía eléctrica, la obra exterior se encuentra deteriorada por falta de mantenimiento, no se cuenta con el personal encargado de la operación, conservación y mantenimiento correspondiente de la obra y, por tanto, no está en funcionamiento.
En el documento se informa que en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se proporcionó la documentación que acredita que la obra ya dispone del suministro de energía eléctrica; sin embargo, aún no está en funcionamiento para los fines que fue realizada, por que persiste la observación.
Los proyectos de seguridad que nunca se realizaron.
Entre los proyectos que se quedaron inconclusos por el desvío de recursos fueron el centro de justicia para las mujeres con 3.5 millones de pesos.
Del programa de fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, se desviaron 9.7 millones de pesos; de la Red Nacional para Telecomunicaciones 12.5 millones de pesos, y del sistema de video vigilancia 1.8 millones de pesos.
Uno de los sectores más afectados por la falta de entrega de recursos fue el Programa de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario y Ejecución de Medidas para Adolescentes, donde se debían destinar 35.5 millones de pesos.
Tampoco se entregaron 15.4 millones de pesos para el desarrollo de ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.
Se desviaron 6.5 millones de pesos para el Sistema Nacional de Información; 9.2 millones de pesos para el Registro Público Vehicular, y del Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto se desviaron 7.7 millones de pesos.
Además no se entregaron 120 millones de pesos del programa de implementación al nuevo sistema de justicia penal.
El daño a la cuenta 2016.
La tercera entrega de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gasto federalizado 2016 durante el mandato del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, reveló nuevos desvíos por 4 mil 700 millones de pesos de ocho fondos destinados a la construcción de infraestructura en municipios, pago de nómina, educación y seguridad pública.
El daño al erario público en 2016 se suma a los 15 mil millones que fueron identificados en la primera y segunda entrega individual de la ASF en junio y octubre del año pasado, respectivamente.
En total durante la cuenta 2016, hay un presunto daño patrimonial por más de más de 19 mil millones de pesos que representa casi la totalidad de los fondos federales destinados a Veracruz.
