Ciudad Victoria Tamaulipas.- Mexicoaldia.com. mx. ¿La reelección en México a quién beneficia al PRI o al PAN?, observadores políticos vemos que el continuismo no será la solución para mejorar la calidad de un gobierno que no ha sabido cumplir su mandato, en casos muy aislados la sociedad dará el voto de confianza a los que sí han cumplido con su deber de gobernar bien, sin llegar a la corrupción.
Por Max Morales Valades
Poder, Política y Traición
Para entender el significado de reelección debemos remontar nuestra memoria hasta la época de Francisco I. Madero decidió participar en las elecciones de 1910 emprendió una campaña electoral que en México era totalmente inaudita.
El estilo para llamar a los ciudadanos a otorgarle su voto fue muy similar al de las campañas estadounidenses, en las que se utilizaba publicidad financiada por simpatizantes comprometidos con el candidato. Por eso Madero, por primera vez en la historia electoral de nuestro país, llevó a cabo una campaña moderna en la cual se trasladó directamente a los pueblos y localidades para dar discursos y convencer a la gente de que él era realmente capaz de ganarle las elecciones a don Porfirio Díaz, entronizado en la silla presidencial durante treinta años.
Un elemento del nuevo estilo de la campaña maderista fue elegir un eslogan capaz de sintetizar el espíritu de su propuesta política; la elección fue “”Sufragio efectivo, no reelección””, el cual se convirtió, al paso del tiempo, en el lema del gobierno mexicano. En el marco de la campaña de 1910 era un llamado a la democracia, pues en primer lugar implicaba el respeto por la decisión popular expresada en las urnas. Francisco I. Madero era un demócrata convencido de que el modelo ideal de nación debía tener al respeto de la voluntad popular por sustento, pues bajo la lógica de que el pueblo siempre querrá lo mejor para el pueblo, creía a pie juntillas que los procesos electorales democráticos invariablemente llevarían al país al progreso.
Así lo expresó en su libro “”La sucesión presidencial””:
“”Combatiremos pues, por la causa del pueblo, y el pueblo será el único dueño de su victoria. Constitución de 57 y libertad electoral será nuestra bandera. Menos gobierno y más libertades””.
Por otra parte la no reelección marcaba la oposición al porfirismo, pues colocaba como una de sus banderas la negación de la reelección que había llevado al general Díaz a concentrar en su persona un nivel de poder inédito en todo el siglo XIX. Aunque el propio Don Porfirio se había levantado en armas en 1871 en contra de la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada mediante el Plan de la Noria, cuando alcanzó el poder no dudó en retomar esta prerrogativa legal, y en su cuarto periodo presidencial (1892-1896) instó al Congreso a aprobar la reelección indefinida.
Para ese entonces se prefiguraba la continuidad del régimen que, para ese entonces atravesaba por su periodo de mayor apogeo con la aceptación y apoyo de prácticamente toda la élite política.
Por eso la prerrogativa de “”no reelección”” que Madero retomó de los mismos ideales que llevaron a Díaz a oponerse al gobierno mexicano, eran la síntesis de una declaración de principios, en donde se ejercía una férrea crítica hacia la concentración del poder y la simulación de los procesos electorales.
La fortaleza del eslogan maderista y del Partido Antireelecionista rumbo a las elecciones de 1910 estribaba en la enunciación de los principios democráticos como el camino para que el pueblo mismo, de forma institucional, tuviera la posibilidad de transformar la inexistencia de competencia y oposición política de la época.
Sin embargo, la parte política no era el único problema, pues gran parte de la sociedad mexicana se hallaba en una situación de marginación social. Por eso el primer impulso por la lucha revolucionaria, que surgió como un llamado a enfrentar políticamente y por vía de las instituciones a Porfirio y a los porfiristas, pronto se vislumbró como un camino que no sería capaz de transformar realmente al país y entonces hicieron su aparición -de forma violenta- múltiples demandas sociales que ya no desaparecerían de la escena pública y política. Éstas marcaron los objetivos a seguir: educación, salud, derechos laborales, derechos políticos, tierra, trabajo y vida digna; es decir, el contenido social de las demandas revolucionarias, que buscaron modificar por completo el rumbo del país más allá de quién estuviera sentado en la silla presidencial.
Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la república se dieron las conversaciones entre cúpulas del PRI y PAN para arreglar a modo las leyes electorales, el día 1 de febrero 2014 dio inicio el segundo periodo de sesiones del segundo año de la LXIII Legislatura. A dos años de distancia, cada vez resultaba más evidente lo apresurado y accidentado de la negociación política que permitió aprobar, por un lado, la llevada y traída Reforma Energética y, por el otro, la reforma político-electoral.
En esta entrega me concentraré en tan sólo un elemento de aquella reforma que no ha ocupado la atención que merece de parte del Congreso y nuestras autoridades electorales: el traslape en los tiempos de implementación de la reelección legislativa, de cabildos y presidencias municipales.
Como siempre el “agandalle” político del PRI, seguido y secundado por el PAN, ese es el motivo detonante de la sociedad Mexicana sabe de los acuerdos entre ellos únicamente para sacar ventaja política y financiera.
Vayamos por partes. La reelección para cargos legislativos y municipales está permitida desde la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014. A nivel federal, las y los legisladores que la aprobaron no pudieron ser beneficiarios de ella. Tampoco el Congreso elegido en 2015. Gracias a un artículo transitorio, la reelección legislativa a nivel federal se observará, por primera vez en este siglo, en 2021 para diputaciones y en 2024 para senadurías.
¿Cuál es el problema entonces? Sucede que, desde 2014, tanto alcaldes (as) como diputadas (os) locales no tienen impedimento constitucional para buscar la reelección —a menos, claro está, que su legislación local la haya postergado al igual que en el caso federal—. Esto quiere decir que la mayoría de los ayuntamientos y 17 congresos locales elegidos en 2015 podrán buscar la reelección este 2018. La reelección ocurrirá a nivel local tres años antes que a nivel federal.
Pero hay más. Nuestras reglas electorales están diseñadas para un sistema sin reelección. La reforma del 2014 que creó al INE y dio lugar a sendas leyes generales electorales (LGIPE y LGPP) es sumamente escueta en cuanto a cómo implementar la nueva figura de reelección. Con honrosas excepciones, las leyes locales de muchas entidades son igualmente escuetas.
Por un lado, si la legislación electoral —local o federal— se queda como está, será sumamente difícil organizar un proceso electoral con cientos de alcaldes y legisladores (as) buscando su reelección frente a retadores (as) que estén fuera del poder. En segundo lugar, si alguna legislación local se reforma antes que la federal, podremos llegar a 2018 con reglas electorales más incoherentes que las que tenemos ahora. Por último, si la legislación federal en torno a la reelección no se modifica en esta Legislatura, entonces el Congreso siguiente tendrá que legislar las reglas de su propia reelección. Hoy por hoy, los congresos locales ya enfrentan el dilema de tener que legislar en su propio beneficio
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Los procesos electorales locales y federal de 2018 darán inicio en unos cuantos meses más. Y toda vez que toca al INE organizar las elecciones en prácticamente todo el país, cualquier reforma electoral local, casi por fuerza tiene un impacto en el trabajo de ese Instituto.
La mayoría de los ayuntamientos y 17 congresos locales elegidos en 2015 podrán buscar la reelección este 2018.
Llegamos al 2018 con reglas incompatibles con la reelección a nivel local, tocará a los partidos políticos, a las y los potenciales candidatos y al Tribunal Electoral hacer la difícil tarea que los promotores de la reforma político electoral de 2014 dejaron pendiente.
¿Cuál es el reto? Van tan sólo algunos de ellos a bote pronto: reelección y paridad de género, procesos de selección de candidaturas, actos anticipados de campaña, propaganda personalizada, acceso a medios, fiscalización de gastos de campaña de candidatos (as) con un cargo o sin él, candidaturas independientes y un largo etcétera. Ha llegado la hora de legislar la reelección en México.
Pero no hay fecha que no se cumpla y cuerpo que lo aguante tanto, llego el 2018 y pronto será el 1 de Julio, a los Priistas les salió caro esta reforma se dieron cuenta muy tarde, hoy el país detesta al gobierno encabezado por Peña Nieto, por los actos de corrupción el PAN lo ha sabido canalizar, lentamente se ha apoderado de las gubernaturas, senadurías, diputaciones federales, presidencias municipales y diputaciones locales.
Los exlegisladores federales emanados por el PRI ahora se lamentan, no haber parado en seco la iniciativa de su presidente de “Peña Nieto”, el motivo principal la esencia de esta modificación a la ley electoral fue para cerrar toda posibilidad de triunfo a AMLO, pero el tabasqueño ha subido más su simpatía entre la sociedad mexicana.
Ahora en este momento la reelección no es garantía de triunfo, para los priistas, ahora es una carta un as bajo la manga del PAN, porque ha sabido aprovechar las pifias del gobierno federal.
Quien vigilara a las instituciones de supervisar y regular las campañas políticas, el INE, es comparsa del gobierno federal, la FEPADE, depende directo del presidente de la república, la SHCP, dependencia que se encarga de auditar el dinero del pueblo trabaja para el PRI, la Comisión Nacional Bancaria no emite SOS, en contra de las cuentas sospechosas que utilizan para el lavado de dinero para pagar campañas políticas.
